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Informe sobre la Trata de Personas 2012

Chile: Informe sobre la Trata de Personas 2012

Publicado el 19 de junio de 2012
cubierta del Informe (Depto de Estado)

Sección sobre Chile del Informe sobre la Trata de Personas 2012, publicado por el Departamento de Estado de los EE.UU., el 19 de junio de 2012.

19 de junio de 2012
CHILE (Nivel 2)
Chile es país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados. Dentro del país, las víctimas suelen ser mujeres y niñas chilenas explotadas en la trata con fines sexuales. En menor número, las mujeres y niñas chilenas también son víctimas de la trata con fines de explotación sexual en otros países, como los países vecinos y España. Las mujeres y niñas de otros países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, la República Dominicana y Colombia van a Chile atraídas por el señuelo de fraudulentas ofertas de trabajos y posteriormente son coaccionadas a ejercer la prostitución o entrar a servidumbre doméstica. Durante el año, tres mujeres indonesas escaparon de supuestas situaciones de servidumbre doméstica en Chile. En los sectores minero y agrario de Chile se ha hallado a víctimas extranjeras de la trata con fines de explotación laboral, procedentes, en su mayoría, de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y China. En 2011, las autoridades chilenas encontraron a 52 paraguayos en régimen de trabajo forzado en una viña. Las autoridades chilenas hallaron un número cada vez mayor de menores participantes en actividades ilícitas, incluso el transporte de drogas ilícitas, algunos de los cuales pueden haber sido coaccionados o forzados.
El Gobierno de Chile no cumple íntegramente las normas mínimas para la erradicación de la trata; no obstante, está realizando considerables esfuerzos para lograrlo. Durante el período que abarca el informe, las autoridades chilenas investigaron varios casos de trata con fines de explotación laboral, amparadas en la nueva ley nacional contra la trata; redoblaron sus esfuerzos por prestar asistencia a los adultos víctimas de la trata y siguieron prestando servicios especializados a los niños explotados en el comercio del sexo. El gobierno prosiguió sus esfuerzos para condenar a los responsables de delitos de la trata de menores con fines de explotación sexual. No obstante, los servicios especializados para víctimas adultas eran mínimos. Las autoridades carecían de mecanismos formales de identificación y remisión de víctimas y aunque la coordinación interinstitucional fue fortalecida, siguió siendo insuficiente.
Recomendaciones para Chile: Fortalecer las medidas de protección de las víctimas, en particular las víctimas de trabajos forzosos y los adultos obligados a prostituirse, y asegurar que las víctimas tengan acceso a albergues y servicios completos, mediante el aumento de fondos y protocolos para remitir a las víctimas a los servicios correspondientes; seguir investigando y enjuiciando todos los delitos de la trata de personas y condenar e  imponer  sanciones a los responsables de la trata; seguir investigando activamente posibles casos de trabajos forzados; establecer  protocolos oficiales de identificación y remisión de víctimas para personal de respuesta de primera línea; mejorar la formación de agentes de policía, funcionarios de migración, inspectores de trabajo, asistentes sociales y funcionarios judiciales en medios para identificar y responder a todas las formas de la trata de personas; continuar mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional; considerar el establecimiento de una estrategia o plan nacional para combatir la trata; y despertar la conciencia pública con respecto a todas las formas de la trata.
Enjuiciamiento
Durante el período objeto del informe, el Gobierno de Chile continuó aplicando la ley contra los responsables de la trata con fines de explotación sexual e investigó varios casos de trabajos forzados de acuerdo a la nueva ley contra la trata. La ley 20.507, promulgada en abril de 2011, prohíbe todas las formas de trata de personas, así como el contrabando de personas.  La ley establece penas que oscilan entre cinco años y un día a 15 años de privación de libertad, además de multas, por los delitos de trata. Estas penas son suficientemente severas y conmensurables con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. La nueva ley también autoriza el uso de agentes encubiertos y escuchas telefónicas, que los funcionarios informaron haber utilizado en algunos casos durante el año. En 2011, el gobierno estableció una u
Durante el período que abarca el informe, las autoridades investigaron 46 casos de trata transnacional con fines de explotación sexual y 104 casos de promoción o facilitación de prostitución de menores con arreglo a leyes anteriores. Dado que la anterior ley contra la trata transnacional con fines de explotación sexual también tipificaba de delito el transporte de personas a través de fronteras para fines de prostitución, no estaba claro cuántas de estas investigaciones tenían por objeto la trata con fines de explotación sexual como se entiende en el Protocolo contra la trata de personas de las Naciones Unidas de 2000. Las autoridades investigaron varios casos de trata con fines de explotación laboral y sexual de acuerdo a la nueva ley, e iniciaron al menos tres causas penales; en uno de los casos estaba implicado un anterior senador y candidato a la presidencia, sobre el que pesaba una acusación de delitos de trabajos forzados. Los tribunales chilenos consiguieron cuatro condenas en virtud de la ley sobre la trata transnacional con fines de explotación sexual, e informaron que se habían dictado 30 condenas por la facilitación o promoción de la prostitución de menores. Las autoridades no facilitaron información sobre los límites de las penas impuestas por estas condenas. Estas cifr
No se recibieron informes de investigaciones, enjuiciamientos o condenas por complicidad oficial en la trata de personas. Durante el año, las autoridades proporcionaron capacitación especializada sobre la trata a fiscales y asistentes sociales.
Protección
El Gobierno chileno prestó servicios completos a menores víctimas de la trata con fines de explotación sexual, pero ofreció pocos servicios especializados a adultos víctimas de la trata con fines de explotación sexual y a las víctimas de trabajos forzados. El gobierno no empleó procedimientos sistemáticos para identificar activamente a víctimas de la trata entre poblaciones vulnerables o remitirlas a los servicios correspondientes, aunque algunas entidades informaron que disponían de directrices para la identificación de víctimas. No obstante, las autoridades no facilitaron información sobre el número de víctimas identificadas durante el período que abarca el informe.
La legislación chilena dispone la prestación de servicios médicos, orientación psicológica y protección de testigos a los adultos víctimas de la trata que cooperan en las investigaciones de este delito, y las autoridades informaron que habían prestado dichos servicios a las víctimas durante el año. No obstante, organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios señalaron una falta de servicios y albergues adecuados para las víctimas de la trata. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) prestó servicios a menores víctimas de la trata con fines de explotación sexual a través de su red nacional de 16 centros para menores víctimas de explotación sexual comercial, e informó que en 2011 había prestado asistencia a 1.168 menores víctimas, algunos de los cuales eran, probablemente, víctimas de la trata. SENAME tenía un presupuesto de aproximadamente 2,6 millones de dólares en 2011para estos centros administrados por organizaciones no gubernamentales. SENAME también financió un albergue residencial  exclusivamente para menores víctimas de la trata sexual y proporcionó a los menores víctimas de la trata servicios jurídicos. En general, las personas adultas víctimas de la trata con fines de explotación sexual eran remitidas a organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, algunas de las cuales recibían fondos del gobierno. Estas organizaciones también ayudaban a extranjeros víctimas de la trata en la tramitación de su repatriación voluntaria. No había albergues especializados para adultos víctimas de la trata, pero el gobierno proyectaba financiar un albergue para mujeres adultas, víctimas de la trata, que estaría administrado por una ONG. La inauguración del albergue estaba prevista para 2012. La asistencia especializada a las víctimas de trabajos forzados era limitada; no obstante, las autoridades facilitaron a un grupo de paraguayos hallados en un viñedo, donde estaban sometidos a trabajos forzados, alojamiento temporal en un hotel, así como alimentos y atención médica.
Las autoridades chilenas alentaron a las víctimas a cooperar en la investigación y el enjuiciamiento de sus tratantes. Las víctimas extranjeras tenían derecho a residencia temporal y trabajo durante un período mínimo de seis meses, mientras decidían si cooperaban o no en las actuaciones judiciales, y seis víctimas disfrutaron de esta residencia durante el período objeto del informe. La legislación también prevée el derecho de las víctimas extranjeras a gestionar la regularización de su situación jurídica en Chile.
Prevención
Durante el período que abarca el informe, el gobierno continuó sus actividades de sensibilización con respecto a la trata e intensificó la coordinación interinstitucional. El grupo de trabajo interinstitucional sobre la trata de personas se reunió una vez en 2011, mientras su comité directivo celebró reuniones mensuales y llevó a cabo un análisis interno de las actividades en curso contra la trata. La falta de una auténtica colaboración y protocolos entre los distintos órganos del gobierno continúa siendo un desafío. SENAME siguió tratando de hacer al público más consciente del delito de la prostitución de menores mediante campañas de sensibilización. Las autoridades ofrecieron capacitación en la lucha contra la trata a las tropas chilenas antes de su despliegue en el extranjero en misiones internacionales de mantenimiento de la paz. El gobierno enjuició a individuos acusados de solicitar servicios sexuales de menores. No se informó de ningún intento concreto de reducir la demanda de trabajos forzados.

CHILE (Nivel 2)

Chile es país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados. Dentro del país, las víctimas suelen ser mujeres y niñas chilenas explotadas en la trata con fines sexuales. En menor número, las mujeres y niñas chilenas también son víctimas de la trata con fines de explotación sexual en otros países, como los países vecinos y España. Las mujeres y niñas de otros países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, la República Dominicana y Colombia van a Chile atraídas por el señuelo de fraudulentas ofertas de trabajos y posteriormente son coaccionadas a ejercer la prostitución o entrar a servidumbre doméstica. Durante el año, tres mujeres indonesas escaparon de supuestas situaciones de servidumbre doméstica en Chile. En los sectores minero y agrario de Chile se ha hallado a víctimas extranjeras de la trata con fines de explotación laboral, procedentes, en su mayoría, de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y China. En 2011, las autoridades chilenas encontraron a 52 paraguayos en régimen de trabajo forzado en una viña. Las autoridades chilenas hallaron un número cada vez mayor de menores participantes en actividades ilícitas, incluso el transporte de drogas ilícitas, algunos de los cuales pueden haber sido coaccionados o forzados.

El Gobierno de Chile no cumple íntegramente las normas mínimas para la erradicación de la trata; no obstante, está realizando considerables esfuerzos para lograrlo. Durante el período que abarca el informe, las autoridades chilenas investigaron varios casos de trata con fines de explotación laboral, amparadas en la nueva ley nacional contra la trata; redoblaron sus esfuerzos por prestar asistencia a los adultos víctimas de la trata y siguieron prestando servicios especializados a los niños explotados en el comercio del sexo. El gobierno prosiguió sus esfuerzos para condenar a los responsables de delitos de la trata de menores con fines de explotación sexual. No obstante, los servicios especializados para víctimas adultas eran mínimos. Las autoridades carecían de mecanismos formales de identificación y remisión de víctimas y aunque la coordinación interinstitucional fue fortalecida, siguió siendo insuficiente.

Recomendaciones para Chile: Fortalecer las medidas de protección de las víctimas, en particular las víctimas de trabajos forzosos y los adultos obligados a prostituirse, y asegurar que las víctimas tengan acceso a albergues y servicios completos, mediante el aumento de fondos y protocolos para remitir a las víctimas a los servicios correspondientes; seguir investigando y enjuiciando todos los delitos de la trata de personas y condenar e  imponer  sanciones a los responsables de la trata; seguir investigando activamente posibles casos de trabajos forzados; establecer  protocolos oficiales de identificación y remisión de víctimas para personal de respuesta de primera línea; mejorar la formación de agentes de policía, funcionarios de migración, inspectores de trabajo, asistentes sociales y funcionarios judiciales en medios para identificar y responder a todas las formas de la trata de personas; continuar mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional; considerar el establecimiento de una estrategia o plan nacional para combatir la trata; y despertar la conciencia pública con respecto a todas las formas de la trata.


Enjuiciamiento

Durante el período objeto del informe, el Gobierno de Chile continuó aplicando la ley contra los responsables de la trata con fines de explotación sexual e investigó varios casos de trabajos forzados de acuerdo a la nueva ley contra la trata. La ley 20.507, promulgada en abril de 2011, prohíbe todas las formas de trata de personas, así como el contrabando de personas.  La ley establece penas que oscilan entre cinco años y un día a 15 años de privación de libertad, además de multas, por los delitos de trata. Estas penas son suficientemente severas y conmensurables con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. La nueva ley también autoriza el uso de agentes encubiertos y escuchas telefónicas, que los funcionarios informaron haber utilizado en algunos casos durante el año. En 2011, el gobierno estableció una u

Durante el período que abarca el informe, las autoridades investigaron 46 casos de trata transnacional con fines de explotación sexual y 104 casos de promoción o facilitación de prostitución de menores con arreglo a leyes anteriores. Dado que la anterior ley contra la trata transnacional con fines de explotación sexual también tipificaba de delito el transporte de personas a través de fronteras para fines de prostitución, no estaba claro cuántas de estas investigaciones tenían por objeto la trata con fines de explotación sexual como se entiende en el Protocolo contra la trata de personas de las Naciones Unidas de 2000. Las autoridades investigaron varios casos de trata con fines de explotación laboral y sexual de acuerdo a la nueva ley, e iniciaron al menos tres causas penales; en uno de los casos estaba implicado un anterior senador y candidato a la presidencia, sobre el que pesaba una acusación de delitos de trabajos forzados. Los tribunales chilenos consiguieron cuatro condenas en virtud de la ley sobre la trata transnacional con fines de explotación sexual, e informaron que se habían dictado 30 condenas por la facilitación o promoción de la prostitución de menores. Las autoridades no facilitaron información sobre los límites de las penas impuestas por estas condenas. Estas cifr

No se recibieron informes de investigaciones, enjuiciamientos o condenas por complicidad oficial en la trata de personas. Durante el año, las autoridades proporcionaron capacitación especializada sobre la trata a fiscales y asistentes sociales.

Protección

El Gobierno chileno prestó servicios completos a menores víctimas de la trata con fines de explotación sexual, pero ofreció pocos servicios especializados a adultos víctimas de la trata con fines de explotación sexual y a las víctimas de trabajos forzados. El gobierno no empleó procedimientos sistemáticos para identificar activamente a víctimas de la trata entre poblaciones vulnerables o remitirlas a los servicios correspondientes, aunque algunas entidades informaron que disponían de directrices para la identificación de víctimas. No obstante, las autoridades no facilitaron información sobre el número de víctimas identificadas durante el período que abarca el informe.

La legislación chilena dispone la prestación de servicios médicos, orientación psicológica y protección de testigos a los adultos víctimas de la trata que cooperan en las investigaciones de este delito, y las autoridades informaron que habían prestado dichos servicios a las víctimas durante el año. No obstante, organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios señalaron una falta de servicios y albergues adecuados para las víctimas de la trata. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) prestó servicios a menores víctimas de la trata con fines de explotación sexual a través de su red nacional de 16 centros para menores víctimas de explotación sexual comercial, e informó que en 2011 había prestado asistencia a 1.168 menores víctimas, algunos de los cuales eran, probablemente, víctimas de la trata. SENAME tenía un presupuesto de aproximadamente 2,6 millones de dólares en 2011para estos centros administrados por organizaciones no gubernamentales. SENAME también financió un albergue residencial  exclusivamente para menores víctimas de la trata sexual y proporcionó a los menores víctimas de la trata servicios jurídicos. En general, las personas adultas víctimas de la trata con fines de explotación sexual eran remitidas a organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, algunas de las cuales recibían fondos del gobierno. Estas organizaciones también ayudaban a extranjeros víctimas de la trata en la tramitación de su repatriación voluntaria. No había albergues especializados para adultos víctimas de la trata, pero el gobierno proyectaba financiar un albergue para mujeres adultas, víctimas de la trata, que estaría administrado por una ONG. La inauguración del albergue estaba prevista para 2012. La asistencia especializada a las víctimas de trabajos forzados era limitada; no obstante, las autoridades facilitaron a un grupo de paraguayos hallados en un viñedo, donde estaban sometidos a trabajos forzados, alojamiento temporal en un hotel, así como alimentos y atención médica.

Las autoridades chilenas alentaron a las víctimas a cooperar en la investigación y el enjuiciamiento de sus tratantes. Las víctimas extranjeras tenían derecho a residencia temporal y trabajo durante un período mínimo de seis meses, mientras decidían si cooperaban o no en las actuaciones judiciales, y seis víctimas disfrutaron de esta residencia durante el período objeto del informe. La legislación también prevée el derecho de las víctimas extranjeras a gestionar la regularización de su situación jurídica en Chile.

Prevención

Durante el período que abarca el informe, el gobierno continuó sus actividades de sensibilización con respecto a la trata e intensificó la coordinación interinstitucional. El grupo de trabajo interinstitucional sobre la trata de personas se reunió una vez en 2011, mientras su comité directivo celebró reuniones mensuales y llevó a cabo un análisis interno de las actividades en curso contra la trata. La falta de una auténtica colaboración y protocolos entre los distintos órganos del gobierno continúa siendo un desafío. SENAME siguió tratando de hacer al público más consciente del delito de la prostitución de menores mediante campañas de sensibilización. Las autoridades ofrecieron capacitación en la lucha contra la trata a las tropas chilenas antes de su despliegue en el extranjero en misiones internacionales de mantenimiento de la paz. El gobierno enjuició a individuos acusados de solicitar servicios sexuales de menores. No se informó de ningún intento concreto de reducir la demanda de trabajos forzados.

Informe completo en inglés sobre la Trata de Personas 2012 (http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/index.htm)